Por: José Samuel Querevalú
En esta oportunidad, la asociación YIHDES, entrevistó al abogado
Alberto Martorell Carreño. Él es doctor en Derecho de la Cultura por la UNED –
España y con Maestría en Economía y Administración del Patrimonio Cultural por
la Universidad de Catania - Italia. Además es coordinador de la Maestría en
Conservación y Gestión del Patrimonio en la Universidad Nacional de Ingeniería
y profesor en la Maestría de Museología y Gestión del Patrimonio en la
Universidad Ricardo Palma. Ha escrito diferentes artículos y libros
relacionados con la defensa del patrimonio cultural, y desde el 2012 viene
ejerciendo el cargo de Presidente del Consejo Internacional de Monumentos y
Sitios, ICOMOS – Perú.
En octubre el
Ministerio de Cultura promulgó el Decreto Supremo 007-2017-MC, sabemos que está
solicitando su derogación, ¿puede brindarnos detalle sobre los alcances de este
mecanismo y cómo este afectaría a los
sitios arqueológicos que aún no han sido declarados patrimonio cultural?
Que aún no han sido declarados y los declarados que no cuentan con
plano aprobado que ya es increíble. Previo a este decreto ya se han dado dos o
tres resoluciones viceministeriales inexplicables, y justo por eso decía, el
enemigo del patrimonio está atrincherado en la asesoría legal del Ministerio de
Cultura. Se dieron dos resoluciones ministeriales cuyos casos: uno es el
cementerio arqueológico de Chilca, que no está declarado ni delimitado, pero
que cuenta con investigaciones desde 1963. El particular dice que no sabía, no
tenía referencia, no había avisos, no había nada, entonces no le pueden culpar
dentro de lo que se puede pensar correctamente. Botaron al antiguo equipo de
defensa del ministerio, lo ocultaron, y llega la resolución viceministerial
cerrando el caso indicando que es un imposible jurídico sancionar al alguien si
es que el sitio no está declarado y delimitado; por lo tanto nunca habrá
sanciones.
Los que informaron que no se podía aplicar la presunción han
actuado contra la práctica del propio ministerio, que en muchos casos, ha sancionado
lugares que ni siquiera sabía que existían, no lugares investigados como este,
pero que eran evidentemente arqueológicos y la gente no reaccionó
proporcionalmente hasta la destrucción, y se les ha sancionado porque la
presunción permite esa protección genérica para todos los casos.
Con la resolución viceministerial no se puede sancionar a alguien
en caso de un bien presunto, esa era una primera campanada de alerta, pues se
fueron contra la presunción sin decretos supremos aun. Después hay un caso más
curioso que es Pampa de las Cuevas, en el norte de Lima, Este sitio está
declarado pero no delimitado, mientras en el caso anterior hubo estudios hasta
de la UNMSM, y otro punto era que resulta inconcebible que al firmar una resolución
que además de decir que no se puede sancionar y todo el ministerio no ha
completado el proceso de declaración. En los años 60 se investigó y ¿todavía no
estaba terminando el trámite?, debería estar la sanción paralela a esa, ya
perfecto no quieres sancionar al particular, lo sancionas al funcionario que ha
omitido funciones y que en 50 años no ha podido declarar.
En el siguiente caso hubo estudios de Engels con planos y todo, no
tan antiguos con 20 años, pero pese a estar declarado si no está delimitado no
hay forma que el particular sepa cuál es el lugar y por lo tanto es imposible
jurídicamente sancionar aunque el bien está declarado.
Caso exacto de Ventarrón, el sitio está declarado pero no
delimitado y eso pone en evidencia la intención de tergiversar la información
del ministro. Porque el ministro se presenta en Ventarrón y dice: denuncio, que
venga la fiscalía. La fiscalía no va a poder hacer nada porque el ya firmó el
decreto supremo, aún más grave que el caso anterior, porque ahora hay un
decreto supremo que avala el proceso. Y el decreto supremo dice textualmente
que el sitio declarado pero no delimitado requiere una resolución ministerial
que active la presunción que declare la presunción del bien presunto. Entonces,
el ministro hace un show cuando dice que va a sancionar, claro podría
sancionar, tiene funcionarios que permitieron que solo haya dos personas sin
ningún nivel técnico a cargo de un sitio de la magnitud y antigüedad de
Ventarrón. Así que alguien es responsable de eso, han usado materiales
inadecuados, alguien es responsable administrativamente de no completar racionalmente
la planificación de la zona. Y de ahí que venga a decirnos que van a sancionar
a los de Pomalca cuando sabe que, aunque hubiese sido con soplete, por su
responsabilidad ya no hay forma de sancionarlos, no reconoce ninguna culpa
interna para proteger a su viceministro y su director general del patrimonio,
ni los ha llevado.
Él se siente intocable porque es el actor que está actuando de
ministro, entonces es mucho más sutil su posición, pero los otros si tienen
responsabilidades concretas y tenían que dar respuestas concretas, ni aparecen,
ni una sola declaración. El decreto supremo ha permitido esa situación,
necesitan resolución de protección provisional los bienes presuntos no
declarados, o sea los que realmente son o eran presuntos de acuerdo a la
constitución. Necesitan una resolución viceministerial para que puedan
protegerse, defenderse, investigarse, toda la parafernalia; y tienen la
posición cínica de decir que eso no afecta a los bienes presuntos porque la
protección sigue vigente a todos los bienes presuntos, algunos provisionalmente
los protegemos un poquito más.
Pero lo que dice la norma que, de los bienes presuntos, eligen
algunos para ponerlos en condición de protegidos provisionalmente. Si unos
están protegidos y eso activa el sistema de defensa, los demás están en
situación de nada. He elegido uno y otro, esos tendrán una protección plena,
los demás no tienen ningún tipo de protección. Entonces tiene ese vacío, pone
un trámite totalmente engorroso para esa presunción de emergencia porque exige un
informe previo que tendrá que ser por un informante nombrado por el Director
General del Patrimonio, el Director General de Museos o el Director General de
Arqueología. O sea, los directores generales van a nombrar, en todo el Perú,
quien va a hacer el informe; solamente la designación es un trámite engorroso.
Luego va al sitio y hace el informe, y lo eleva. Si es que estamos hablando de
una Dirección Desconcentrada, el arqueólogo o el técnico que haga el informe lo
eleva a su director, el director lo elevará al director de la Dirección
Desconcentrada. El director de la Dirección Desconcentrada lo va a elevar al
director del Patrimonio Arqueológico o General del Patrimonio y ese lo va a elevar
al viceministro. Para hacer su resolución, el viceministro tendrá que consultar
a sus abogados, que además son expertos en enredar, así que va a salir su
resolución publicada en El Peruano y no se entiende por notificado. Han dicho
que la resolución se tiene que notificar individualmente pero para poder
notificar individualmente tienes que saber quién es el dueño del terreno. En
muchos casos no hay idea, entonces van que tener que ir a registros públicos a
comprobar si el bien está inscrito con nombre de alguien, ubicarlo y
notificarlo personalmente.
En ese momento se podría decir que está protegido, pero esa
protección no es para cualquiera, es única y exclusivamente para caso de
peligro o de estado de destrucción. Y es de oficio, o sea si tú eres arqueólogo
y no trabajas en el Ministerio de Cultura, antes cogías el teléfono y llamabas
a la Dirección de Defensa y era obligación de ellos, activar, mandar un
arqueólogo, llamar a la policía, lo que fuese, algo tenían que hacer. Podían
tardar porque no tienen mucho personal, pero ahora no están obligados a
responder porque la función de ese proceso es de oficio. No tenemos derecho los
particulares de hacer nada. Si caigo donde un buen funcionario, él se sentirá
tocado y de oficio se moverá y de repente si es de la zona, lo mandarán o
mandarán a otro y será toda la historia larga que hemos visto. Pero si caemos
en un funcionario que no le da la gana o no tiene tiempo para atender todas las
llamadas que recibe, ahí quedo la cosa. Finalmente, también se aplica para
bienes muebles, lo que significa que los cientos de miles de materiales
culturales de cualquier época, hoy en día son igual que esta taza y si yo rompo
esta taza me castigan tanto como si rompiera un huaco. Porque también piden que
tenga declaración provisional los bienes muebles por resolución viceministerial
y solo cuando están en caso de peligro. Ni un ministro que quiere proteger piza
por pieza en un museo no podría porque no está en peligro. Lo que lo hace estar
en peligro seria al huaquero con un pico a punto de romperlo y para el
extranjero, decirle que esto se presume que es patrimonio genérico es un
concepto genérico pero si se le dice que hay dos cosas de la misma antigüedad,
esta tiene resolución y esta que yo he sacado de mi país no tiene -son
igualitas en valor, del mismo sitio- ¿por qué me van a decir que yo no puedo
sacarlas si la otra que no se puede sacar tiene resolución?, la que he sacado
es un bien libre y si demuestran que es patrimonial, uno diría: yo lo saqué de
buena fe.
Si el Estado que tiene arqueólogos, expertos, laboratorios,
drones, satélites no ha sido capaz de decirme si esto es patrimonio o no, yo
pobre mortal he salido con mi huaquito en la mano porque me pareció bonito, me
van a decir que soy un ladrón. No, yo lo saque de buena gente, no me pueden
culpar de eso y la ley internacional lo protegerá. Porque la buena fe es un
principio jurídico mundial, se protege. Y si se demuestra que es muy
importante, la persona puede decir yo he gastado en pasaje, lo he comprado y
justo ahora un comprador quiere pagarme esta cifra, si tú me pagas más que eso
la entrego, porque yo no he robado nada a nadie… hay que agradecer mucho a
Salvador.
¿Qué
intereses considera que se están jugando alrededor de este decreto?
Me imagino que el tráfico ilícito de bienes culturales por un
lado. Yo creo que lo de la leche Gloria es francamente sospechoso. La leche
Gloria ha destruido un sitio arqueológico inmediatamente después del decreto.
Antes del decreto se iban presos, en ese nivel de magnitud podían haberse
llegado ir presos, ahora nada. No es lo mismo el campo de caña o coles que hay
al costado de un sitio arqueológico en valor legal, jurídicamente. Les han
creado las condiciones para eso y para mi francamente me parece sospechoso la
empresa Gloria, por ejemplo. O pueden ser las empresas de gas que están
financiando los proyectos “bonitos” que está haciendo este Ministerio. Lo de
Ayacucho y su plan puerto de cultura está financiado por empresas del gas y
estas tienen miles de millones en juego de trazado de gaseoductos donde tienen
que pagarle a un arqueólogo. Entregarle 10 o 20 millones que le han, por
ejemplo para uno de los proyectos, al ministerio y después yo creo que tiene
precio, es como lo de Odebrecht.
Por eso el principio universal que tiene la UNESCO es de no
recibir donaciones de empresas extractivas, ni petroleras ni mineras ni de
ningún tipo porque después es compra de conciencia. Cuando viene el momento de elegir patrimonio u
oro o petróleo, le dice: “yo te estoy financiando, tu sueldo sale de mis arcas,
encima que yo he sido tan generoso con el patrimonio ahora voy a quebrar porque
no me permites buscar un punto intermedio, una solución”. Se va comprando, no digo que sea necesariamente
corrupción abierta pero son formas de corrupción al fin y al cabo. Una empresa
que tiene interés en autorizaciones del Ministerio de Cultura no debe financiar
y también la gestión cultural, en ese sentido, pues resulta muy tendenciosa, muy
fácil. Lo ha demostrado Odebrecht financiado a los periodistas por ejemplo, no
porque los periodistas se estén vendiendo por ello, pero Odebrecht si les están
comprando aunque ellos no lo sepan. Porque en el momento oportuno dirán “oye yo
he hecho esto y lo otro y tú vas a venir a acusarme”, entonces un buen
periodista define las cosas y los hace pero muchos se van a frenar. Es forma de
comprar conciencia aunque la conciencia no está en venta, o sea hasta ese punto
llega. Yo no digo que Salvador sea corrupto pero la forma de llevar las cosas entra
dentro del sistema de corrupción.
De otro lado,
hace poco fuimos testigos del lamentable incendio ocurrido en Huaca Ventarrón.
Al ser este un sitio respaldado por la investigación y el financiamiento de la
Unidad Ejecutora Naylamp - Lambayeque, ¿Cuál es su opinión sobre el papel de
estas unidades frente a la protección del patrimonio?
Las Unidades Ejecutoras fueron en teoría la mejor noticia que
hemos tenido en mucho tiempo. En la práctica, lamentablemente, tenemos el
manejo político poniendo a gente con poca capacitación específica en el campo
de patrimonio. Cosa diferente ha pasado en Caral, ya que se mantiene como tal
en la práctica con todos los problemas que tiene; pero digamos, que el
compromiso de fondo es que lo dirige alguien que maneja el patrimonio. Puede
haber varias cosas criticables pero la esencia es alguien que apuesta por el
patrimonio. La forma de unidad, si funcionaría bien, es interesante porque de
alguna manera hay que descentralizar el ministerio. La gran virtud de la Unidad
Ejecutora es que no es totalmente dependiente del ministerio y al mismo tiempo
no es dependiente de la región. Porque lamentable, como funcionan las cosas en
nuestras regiones, si la Dirección Desconcentrada fuera una parte del gobierno regional
pondría a alguien que esté totalmente de acuerdo con sus planes y si se opone
lo sacaría. La Unidad Ejecutora es una costa intermedia, tiene capacidad de
ejecución, tiene un presupuesto asignado, no depende de la región, no
totalmente dependiente del ministerio como las DDC e independiente
territorialmente.
La idea no es mala, solo que no se ha fortalecido el tema
profesional. Tal vez faltaría especificar que la persona a cargo debe tener
algún tipo de especialidad. Y es que hemos magnificado una suerte de capacidad
de gestión para ver un tema técnico, pero en patrimonio y cultura es un tema de
valores, no solo es de gestionar por eficiencia en pasar rápidos procesos. No
es lo mismo tramitar una autorización de investigación en las Pampas de Nazca
que en la selva peruana donde las comunidades están vivas. Aunque podamos ver
una terraza en ambos lados, no significará lo mismo para ambos casos ya que
puede ser un lugar sagrado como un montículo más. Entonces se necesita tener un
profundo compromiso cultural de la mano de la capacidad de gestión. Hemos
tenido el gran defensor del patrimonio y no queda de huella de su paso sin
reforma o cambio, por lo tanto hay que formar expertos en cultura con capacidad
de gestión y poner requisitos. El ministerio debería capacitar una región por
año para que los gobiernos locales actúen en favor del patrimonio, la gente
actúa en contra porque no entiende la fuente posible de desarrollo.
Pero si se capacita y se incentiva, rápidamente serán los primeros
defensores del patrimonio y ahí hay capacidad de gestión del ministerio.
Estamos a
cuatro años del bicentenario del país. ¿Cuál sería el panorama que se tendría
para el sector cultural y legal si las cosas siguen con el rumbo actual?
Yo lo veo muy triste. No veo que haya un gran plan para el
bicentenario. Algo ha empezado hacer el congresista Sheput, creo que ha tenido una
cierta energía pero está en medio de un terreno tan difícil. Hace poco estaba
en una oficina del ejército y me comentaron que hace poco habían creado una
comisión que a estas alturas ya era tardísimo pues debió crearse hace 6 años.
La gran perspectiva, supuestamente es el Museo de la Nación pero este es un
proyecto más tirado de los pelos, no responde a procesos. Pero eso significa
gestionar valores, cuántos peruanos saben que se está construyendo un museo así
en Pachacamac, debió haberse debatido en las ciudades a los diversos medios de
comunicación y generar la reacción. No saben qué van a exhibir ni tiene un plan
museológico, es posible que lo inventen al momento. Entonces, lo que podría ser
la revolución del cambio político cultural en el Perú se está desperdiciando
tontamente porque un Museo Nacional debería motivar a una buena parte del país,
por lo menos para el mundo universitario debería haberse mostrado la maqueta.
Debería haberse hablado para que sea un proyecto para recuperar cultura y un
espacio de encuentro. Yo creo que al final van a corregir la situación, pero
que quieran separar a estas alturas arqueología de periodos posteriores en el
museo, a mí me parece francamente absurdo. Un museo era la oportunidad de
generar el encuentro y la identidad que tanto nos falta.
Alguna
reflexión final…
El tema de compromiso sería la reflexión, ya que si bien no
podemos pedir que esto sea como otros países, que han alcanzado una conciencia
de su ser social muy fuerte, por lo menos debemos dejar la situación de confort
que tenemos. Lo puedo reclamar de mis colegas universitarios, muy fácil
criticar dentro el aula o quedarse callado para que me puedan dar un puesto en
el ministerio. Para quedar bien no me enemisto de alguien que está bien
posicionado, socialmente es un problema y es más cómodo simplemente. No he
visto más de tres profesores universitarios que han estado en una protesta de
temas de cultura. No se puede cambiar las cosas sino se tiene una posición
integral con respecto a las cosas. El discurso no basta, es algo mucho más
complejo, hay que mojarse y en las condiciones que nos ha puesto el DS N° 007
es todo, o nos dedicamos a otra cosa porque esto es lapidante, no sé si se dan
cuenta.
